Vaya por delante que, afortunadamente, no podemos generalizar y que, en su inmensa mayoría, el colectivo de los productores o productoras son personas a las que respetamos por su profesionalidad y su honestidad. Pero la realidad es que en el último análisis de aiTe sobre la morosidad con nuestras empresas, los datos son abrumadores: El importe total de la deuda de dudoso cobro supera los doce millones de euros, cantidad que equivale aproximadamente al 15% del Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual.

Algunos casos concretos son de dominio público porque además de seguir la vía de los tribunales tuvieron la valentía, o la desesperación, de denunciarlo ante la prensa. Valga el ejemplo de Construcciones Escénicas Moya al que le devolvieron pagarés por valor de 900.000 euros, cifra que casi lleva a la ruina a una de las mejores empresas de decorados de este país. Otros prefieren vivir sus penurias en el anonimato por razones que serian largas de exponer en este artículo de extensión limitada, pero no por ello dejan de sentir una justa indignación al contemplar cómo los autores de dichas fechorías, aun siendo de dominio público, siguen actuando con una impunidad execrable.

Ya decíamos cuando se estaba elaborando la nueva Ley de Cine que el sistema no debía permitir que aquellos productores que fracasan en la cobertura de los costes directos de una producción subvencionada puedan recibir nuevas ayudas del Estado. Por eso solicitábamos que en el desarrollo de la Ley se establecieran nuevos mecanismos de, por un lado, prevención, como el Seguro de Buen Fin (Completion Bond), tan extendido entre las cinematografías de fuera de nuestras fronteras y que garantiza que la película pueda realizarse con el presupuesto comprometido, o, por otro, sancionador a quien incumpla con sus obligaciones mercantiles, alcanzando la responsabilidad no sólo a las productoras, sino también a sus administradores y a los productores ejecutivos, evitando el fraude de facto de reaparecer con una nueva titularidad.

La situación actual en las industrias técnicas es alarmante y mucho nos tememos que se agravará con la crisis que se avecina. El Decreto contempla medidas reales pero estaremos atentos y vigilantes para cubrir los huecos legales con medios para impedir las prácticas dolosas. Somos empresarios, entendemos las dificultades y negociamos las incidencias en los compromisos de pagos pero no aceptamos el engaño ni el fraude. Conseguiremos una industria cinematográfica fuerte y estable si logramos que todo el proceso creativo esté reconocido, apoyado y avalado profesional y económicamente, pero también si consideramos a la industria técnica como un elemento fundamental que debemos respaldar. Nosotros contribuimos a crear empleo estable, invertimos de manera activa y eficaz en la tecnología más avanzada para ofrecer a nuestros clientes que puedan producir y posproducir sus proyectos con las más altas cotas de calidad. Nuestro empeño es ese. El de otros, ya lo vamos conociendo.


José Ramón Rodríguez
Presidente de aiTe